Las idas y vueltas por las denuncias que involucran a ex funcionarios públicos en Guatemala mantienen atentos a los medios de comunicación y a las autoridades judiciales, muchas veces sin dejar espacio para que salgan a la luz distintas situaciones que también conforman la realidad del país. Es el caso, por dar al menos un ejemplo, de la noticia conocida esta semana a través de la prensa extranjera en relación a una red de trata de personas que operaba en Guatemala y otras naciones americanas.
Lo paradójico, o no tanto, es que ambas novedades tienen un mismo punto de contacto: Estados Unidos. La primera, la de las causas por corrupción en el Estado se vincula por la sospecha de la intromisión norteamericana en el impulso de las investigaciones a través del accionar de su embajador en Guatemala y de la CICIG, con el objetivo de debilitar a las instituciones locales y fortalecer su control. La segunda, casi en simultáneo, porque la organización desbaratada dedicada al tráfico de personas tenía como objetivo final llegar también al país del norte.
Guatemala y el resto de países de Centroamérica son utilizados como un puente de bandas de traficantes para llevar a personas ilegalmente a Estados Unidos. Según la información oficial, el operativo denominado Operación Mesoamérica también se realizó en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.
Entre los ocho detenidos figura un policía guatemalteco. En Guatemala se realizaron 16 allanamientos en los departamentos de San Marcos, fronterizo con México, Jutiapa, fronterizo con El Salvador, y Guatemala (centro), donde está la capital.
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