POLÉMICA EN TORNO AL PROYECTO DE LEY DE ACEPTACIÓN DE CARGOS

UnknownEl Movimiento Pro Justicia criticó por estos días a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al Ministerio Público (MP), por su respaldo al proyecto de reformas al Código Procesal.

Como señalaron recientemente en el Congreso los titulares del MP y CICIG, Thelma Aldana e Iván Velásquez, explicaron que las reformas al mencionado Código permitirán a los acusados de cualquier delito a que acepten los cargos atribuidos por el ente investigador, a cambio de obtener importantes rebajas en las penas.

Iván Velásquez afirmó –ante legisladores de todas las bancadas- que la iniciativa de reducción de penas es un beneficio al sistema de justicia. En tanto, en el portal web de la CICIG señala que el proyecto de ley de Aceptación de Cargos pretende descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos, adoptando la tendencia global de la aceptación de cargos que ha demostrado su utilidad y eficiencia en Estados Unidos, Colombia, y otros países para cumplir con el propósito de resolver de la mejor manera los conflictos jurídico-penales.

Sin embargo, para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, con la ley de Aceptación de Cargos se les aplican los beneficios de la Ley del Sistema Penitenciario, lo cual implicaría reducciones adicionales.

Y añadió que por un lado ha existido ingenuidad y por el otro torpeza política por parte de los ponentes originales de esta iniciativa y refirió que de ser aprobada la ley prontamente, los involucrados en el Caso La Línea podrían acogerse, al igual que los de Cooptación del Estado.

Por otra parte, Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, señaló que la iniciativa está diseñada para favorecer a personas con mayor poder adquisitivo, ya que contempla que el acusado debe reparar los daños a las víctimas. En otras palabras, ¿qué pasa si el acusado no tiene dinero?: no podrá acceder al beneficio.

Por último, debe señalarse que los presidentes del organismo legislativo y el judicial de Guatemala, junto a la Fiscal Thelma Aldana, se encuentren desde hace varios días en los Estados Unidos, interiorizándose de cómo se ha aplicado esta ley en dicho país.

Lo que, por cierto, no debería llamar la atención. Hace ya varios meses ha quedado más que clara la influencia que los Estados Unidos tiene sobre la coyuntura actual, y –en particular- sobre los máximos referentes de la clase política que creen que con esta sumisión podrán mantener los tradicionales privilegios.