GUATEMALA: ¿AMENAZA PARA ESTADOS UNIDOS?

imagesEn marzo de 2015 un alto Consejero del Departamento de Estado declaraba a la prensa que la República de Guatemala –como parte del Triángulo del Norte- es la quinta amenaza global a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

La amenaza que Estados Unidos percibió no es, lógicamente, de índole militar. El problema no es tampoco la corrupción, que el “gran país del norte” apañó durante décadas en la región. Se trata esencialmente de un problema de seguridad: la crisis de un modelo económico de bajísima productividad que expulsa fuerza laboral, en un país cercano geográficamente, lo que genera importantes flujos migratorios ilegales hacia los Estados Unidos.

En este marco, Estados Unidos necesitaba recuperar su influencia en el proceso político guatemalteco. Y para ello, la veta explorada fue la CICIG. Creada para otros objetivos muy distantes de la cruzada anticorrupción actual, su mandato fue extendido tras la presión ejercida por el mismísimo Secretario de Estado John Kerry.

La semilla ya estaba plantada. Pronto germinaría de la mano de la CICIG, actuando en tándem con la nueva titular del Ministerio Publico, cuando se develaría la trama conocida como “La Línea” que terminaría con las renuncias del entonces Presidente Otto Pérez Molina y su vice Roxana Baldetti.

De allí, la historia es ampliamente conocida: masivas movilizaciones populares entre abril y agosto de 2015, nuevos casos (Cooptación del Estado, Cooperacha, Plazas Fantasmas, etc.), y varias decenas de detenidos y procesados de la elite guatemalteca que hasta no hace mucho el país del norte promovió.

Para cambiar en serio, es decir no sólo atacando los temas que hoy “preocupan” a los poderosos del planeta, sino abordando aquellos problemas estructurales que realmente nos interesan a los guatemaltecos (pobreza, desigualdad, seguridad, salud, educación, infraestructura, etc.), es necesario tomar la palabra y actuar.

TIEMPOS DE TRANSICIÓN.

imagesEn las últimas tres décadas, Guatemala logró superar el régimen autoritario, clausurar el prolongado conflicto armado interno, y promover la democracia.

Sin embargo, las reglas mínimas de la democracia electoral fueron insuficientes para edificar un verdadero Estado de Derecho.

Las brechas de desigualdad y la pobreza alcanzan niveles intolerables para cualquier régimen democrático, y aun en tiempos de crecimiento económico han permanecido incólumes. En este marco, puede decirse que la democracia quedó atrapada en un triángulo perverso conformado por el clientelismo, la corrupción y la impunidad.

Como consecuencia de ello, el Estado quedó con muy poca capacidad para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que plantea el mundo de la globalización. A la mayoría de los guatemaltecos, sin importar si el contexto macroeconómico ha sido bueno o malo para el país, le ha ido sistemáticamente mal. Con un aparato productivo que sólo absorbe a 2 de cada 10 jóvenes que quieren ingresar al mercado laboral, el futuro es aún más sombrío.

En este marco, la actual crisis puede ser el punto de inflexión que nos permita recuperar el Estado democrático y reconstruirlo sobre bases de legalidad.

El fortalecimiento de las instituciones de justicia es un paso sin dudas necesario en ese arduo camino, pero no suficiente. Este esfuerzo debe ser acompañado por un proceso de renovación política e institucional, por cambios culturales, y una decidida reconversión económica.

Y todo ello, debe hacerse ejerciendo plenamente nuestra soberanía, lo que no implica sólo la protección de nuestra integridad territorial, sino también de nuestros recursos naturales que hoy están siendo saqueados.

Vivimos sin dudas en tiempos de transición, en momentos en que –como diría un célebre filósofo italiano- “lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer”.

Para garantizar un futuro de cambio, los guatemaltecos necesitamos despertar de la indiferencia y la apatía, y apuntalar las transformaciones que el país necesita.