BIDEN, LA CICIG Y LA ALIANZA POR LA PROSPERIDAD.

pag-03-f01-ap-1024x800Hace unos pocos días, los tres Presidentes de las naciones que integran el denominado “Triángulo del Norte” de Centroamérica participaron en Washington D.C, junto al Vicepresidente estadounidense Joe Biden, de un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Biden recordó una vez más que reducir la migración sigue siendo una de las prioridades de los Estados Unidos para la región, y destacó la labor de la CICIG en Guatemala como uno de los principales logros de la región en los últimos tiempos.

Un Morales exultante, “recogió el guante”, y se atribuyó la lucha contra la corrupción como un logro de sus primeros 8 meses en el poder, anunciando que su gobierno iniciará proyectos de inversión estratégica para mejorar la situación económica.

Sin embargo, resulta muy poco auspicioso que un plan que supuestamente nace con la idea de generar oportunidades que eviten que la desesperación de la pobreza y la miseria empujen a los ciudadanos a migrar, pueda ser comprendido y revertido por quienes han sido responsables de generar dichas condiciones.

Con este esquema, más que prosperidad tendremos más de lo mismo.

LO QUE NOS ESPERA.

unknownLa potencial aplicación del Estado de Prevención que establecía el ya derogado decreto del gobierno, entrañaba una peligrosa forma de violencia política que involucraba censura, represión y control. El objetivo, permitir el uso de la fuerza para reprimir cualquier forma de manifestación y crítica.

Lo extraño es que hasta este momento del gobierno no ha habido manifestaciones públicas ni oposición abierta desde organizaciones sociales a su gestión. A excepción de las puntuales protestas contra el también malogrado “impuestazo”, y la ya histórica resistencia de organizaciones territoriales y comunitarias que se mantienen en alerta permanente por el asedio de la industria extractiva y los cobros excesivos de energía eléctrica por mencionar algunas.

Lo que si ha habido es cuestionamientos evidentes, críticas e investigación desde algunos medios hacia la gestión débil y la evidente voracidad personal con que inician su gestión y manejan su posición de poder y acceso a recursos.

Parece ser que con este Estado de prevención habían encontrado una salida para resolver su propia crisis, resultado de la incapacidad para llevar la gestión y la opinión pública frente a los señalamientos de corrupción prematura.

Buscaban torpe y autoritariamente fortalecerse mediante el control del orden público, metiendo miedo y logrando evitar la crítica abierta y la investigación hacia los ya evidentes malos manejos.

No deja de llamar la atención el silencio de La Embajada de los Estados Unidos, tan preocupada últimamente por la calidad de nuestra democracia. ¿Estaría enterada de lo que se iba a producir?.

En definitiva, con esta acción podemos empezar a comprender que el cambio seguirá siendo materia pendiente en Guatemala, y que la “vieja política” está más viva que nunca.

HAY QUE ESCUCHAR, SEÑOR PRESIDENTE.

imagesEl vocero presidencial Heinz Heimann afirmó por estos días que no existe crisis en Guatemala.

Más allá del cinismo del vocero, su actitud no deja de ser congruente con la manifiesta pasividad y preocupante falta de liderazgo evidenciado por el primer mandatario del país.

No hace falta más que recurrir a las redes sociales para observar que la gente le pide que no llore, que no se duerma, que no pida perdón continuamente ni impida la libertad de expresión, porque lo que se necesita es que funcione el sistema.

No se le quiere en inauguraciones ni regalando escritorios, y menos que pierda la paciencia, como ocurrió en las últimas horas.

Lo que queremos los guatemaltecos es acción y resultados, y para ello su tiempo histórico se fuga precitadamente.

El Presidente debe completar su período constitucional, ya que una nueva interrupción de la institucionalidad entrañaría un verdadero desastre nacional, pero para ello debe hacer su parte.

ESTADOS UNIDOS CONVALIDA EL INTERVENCIONISMO EN EL “TRIANGULO DEL NORTE”

trLa semana pasada, el vicepresidente Joe Biden presentó el Plan de la Alianza para la Prosperidad como una de tres áreas para acelerar el progreso del hemisferio, junto al estado de derecho y la seguridad energética.

“Es absolutamente crítico erradicar todos los más relevantes vestigios que aún queden de la corrupción, y que permanecen en lugares donde los gobiernos, durante demasiado tiempo, han operado a través de sobornos y tráfico de influencias”, dijo Biden, en la 20a. Conferencia anual de CAF, Banco de Desarrollo, en Washington.

El combate a la corrupción y la “investigación y enjuiciamiento de funcionarios públicos presuntamente creíbles a ser corruptos” es una de las 16 condiciones que ha puesto el Congreso de los Estados Unidos para desembolsar el 50 % de los fondos de la Alianza para la Prosperidad.

Esa condición la deben cumplir, de manera individual, los países del Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras– que trabajan en el Plan de la Alianza para la Prosperidad, para el cual, los gobiernos aportan dineros de sus presupuestos y Estados Unidos aportará $750 millones durante el año 2016.

La Ley de Asignaciones del año 2016, aprobada por el Congreso estadounidense el 18 de diciembre de 2015, indica que el 25 % de los fondos serán obligatorios después que la “Secretaría de Estado certifique e informe a los comités del Congreso que tales gobiernos están tomando medidas eficaces para: “informar a ciudadanos de los peligros de viajar a la frontera suroeste de los EE.UU, combatir el tráfico humano, mejorar la seguridad fronteriza y cooperar para el regreso de los inmigrantes ilegales no refugiados”.

El decreto detalla que un 50 % adicional de los fondos requiere que la Secretaría de Estado certifique a esos comités del Congreso que el gobierno toma “medidas eficaces para” en otras 12 áreas: investigar y enjuiciar funcionarios señalados de corrupción, mejorar y fortalecer instituciones del área judicial y Fiscalía General, contrarrestar bandas criminales, narcotráfico y crimen organizado; cooperar con comisiones contra la impunidad; investigar y enjuiciar a militares y policías por violaciones a derechos humanos; plan para reducir el papel de militares en políticas internas; y proteger derechos de los partidos opositores, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas para que puedan operar sin interferencia. A ello se suma combatir la pobreza, empleos, crecimiento económico equitativo, reformas a los impuestos, fortalecimiento a organismos aduaneros, y resolución de disputas comerciales.

La “lucha contra la corrupción” es así el nuevo “Caballo de Troya” de los Estados Unidos en la región, y ya tiene a Guatemala como el laboratorio privilegiado de las tácticas y estrategias que se pretenden utilizar en otros países latinoamericanos.

¿LIBERACION O DEPENDENCIA?

ojo-patrioEn las vísperas del 195º aniversario de nuestra independencia, vemos proliferar cierto  “fervor patrio”. El propio presidente Jimmy Morales se empeña en “su nacionalismo”, con el Himno Nacional y su saludo a la bandera como receta para ser “buenos guatemaltecos”.

Como cruel demostración del Estado fallido en que se ha convertido Guatemala, vemos cómo se le ha dado a la Independencia una connotación histórica que no se corresponde a la liberación del pueblo, como se ha venido inculcando. Es cierto que se rompieron los lazos de dependencia como colonia de la corona española; pero se conservaron las características coloniales de 300 años. De hecho, fue una “independencia” decretada por los criollos para impedir que la hiciera el pueblo, como dicen los próceres mismos en el Acta de Independencia.

La supuesta “independencia” que se conmemora, tomó así un carácter preventivo ante la manifiesta voluntad del pueblo, lo que hace más fácil entender que, al no haber entre los criollos un concepto real de soberanía, se decida en poco tiempo la anexión a México.

Esta entrega de la soberanía nacional ha seguido caracterizando a los sucesivos regímenes a lo largo de nuestra historia. Y quizás por ello es hoy fácil aceptar el neocolonialismo impuesto por Washington, siempre presente sin importar si se trata de Republicano o Demócrata.

Las nuevas generaciones del país deben reflexionar que la independencia real no es una mera efeméride histórica lejana en el tiempo, sino el ejercicio concreto y presente de la soberanía política y la libre determinación de las políticas económicas, sociales y culturales que favorezcan a los habitantes del país.

No es que debamos dejar de celebrar el 15 de Septiembre; se trata de darle sentido. Independencia no es una palabra vacía que se refiere a un momento en la historia; la independencia la debemos construir, constantemente, sea de España, de México o, en este momento histórico, de otras potencias que pretenden condicionar el presente y el futuro de nuestro país.

LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN SIN DERRUMBAR EL ESTADO.

unknownA esta altura los guatemaltecos ya nos hemos dado cuenta que la lucha anticorrupción es incapaz por sí sola de dar lugar a un nuevo proyecto de país que recoja las aspiraciones de cambio expresadas en las masivas movilizaciones populares del año pasado.

En una época que demanda cambios profundos, las instituciones que debieran liderar el proceso de transformación o bien están empeñados en preservar sus privilegios, o se mantienen indiferentes a ello.

El hartazgo ciudadano con la partidocracia y la vieja política abrió el camino a un gobierno que más allá de las esperanzas generadas durante la campaña electoral, se ha demostrado carente de liderazgo y guiado por un conjunto de ideas que no se alinean con las ideas de cambio.

En este marco, la combinación entre la falta de un proyecto de país y la lucha contra la corrupción se ha convertido en factor de desintegración del Estado, generando un sentido de desconfianza hacia lo público.

No sorprende entonces ver cómo se alientan falsos imaginarios que inundan muchos de los discursos y mensajes de la hora: el Estado es igual a burocracia, corrupción y gasto ineficiente.

Los fantasmas del pasado siguen estando muy presentes y nos acechan a la vuelta de la esquina. No debe perderse de vista en este sentido que un aparato estatal derrumbado permitirá la consolidación de nuevas estructuras de corrupción e impunidad.

La sociedad civil que salió a las calles hace un año, no sólo no puede permanecer pasiva ante esta encrucijada histórica, sino que indispensable para dar vuelta el momento actual.

Al pueblo le toca, nada más ni nada menos, que precisar exigir el modelo de sociedad y de Estado que el futuro país necesita.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA: LAS OTRAS PLAZAS FANTASMAS

congEl Congreso, sin dudas una de las instituciones más refractarias al cambio que la sociedad guatemalteca viene reclamando, se resiste a renunciar a los privilegios y prácticas asociadas a la “vieja política”.

En este contexto, no es casualidad que el Congreso de la República sea hoy uno de los blancos privilegiados de la “cruzada anticorrupción” liderada por la CICIG, el MP, y la justicia.

Gustavo Medrano está entre los 5 diputados que menos llega a las sesiones del Congreso, pero también es el que más empleados tiene a su cargo, violando la Ley Orgánica del Congreso que fue reformada el 4 de febrero de este año.

La normativa establece que los parlamentarios pueden tener un máximo de 4 empleados contratados bajo el renglón 011 a su cargo y tres 022 (asesor, asistente y secretaria). Sin embargo, Medrano tiene los tres 022 y 14 empleados permanentes, es decir que triplica el límite establecido.

De las 35 plenarias convocadas entre el 14 de enero y el 15 de mayo, este legislador solo asistió a 22.

Pero Medrano no es el único que viola la ley. Los registros del personal del Congreso obtenidos por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública, revelan que otros 44 diputados exceden el límite permitido de empleados, incluidos todos los miembros de la Junta Directiva.

A estas irregularidades hay que sumarle, las plazas fantasma, es decir quienes cobran un salario sin llegar a trabajar, lo que viene siendo investigado por la CICIG y el Ministerio Público.

Sin embargo, hay otro tipo de plazas fantasmas en este organismo: los empleados que marcan su entrada y su salida, pero durante su jornada no tienen nada por hacer.

Según los registros de la Dirección de Recursos Humanos, el Congreso tiene a 24 empleados “en disponibilidad”, cada uno devengando un salario de entre 8 mil 800 y 33 mil 365 quetzales. A esto debe sumársele que 16 trabajadores que fueron destituidos a inicio de año fueron reinstalados por orden judicial y aunque se les paga, no han sido asignados a ninguna área del Legislativo.

 Además, las renuncias de dos diputados provocaron que los empleados a su cargo quedaran sin qué hacer. En la planilla del Congreso también se incluye a 12 empleados para atender los despachos de los dos sindicatos más grandes de este organismo (STOL y SINTRACOR) quienes ganan entre 5 mil 692 y 33 mil 267 quetzales al mes.

Todas estas plazas representan un desembolso mensual de 887 mil 891.79 quetzales, un exceso al que debe ponerse fin.