ESTADOS UNIDOS CONVALIDA EL INTERVENCIONISMO EN EL “TRIANGULO DEL NORTE”

trLa semana pasada, el vicepresidente Joe Biden presentó el Plan de la Alianza para la Prosperidad como una de tres áreas para acelerar el progreso del hemisferio, junto al estado de derecho y la seguridad energética.

“Es absolutamente crítico erradicar todos los más relevantes vestigios que aún queden de la corrupción, y que permanecen en lugares donde los gobiernos, durante demasiado tiempo, han operado a través de sobornos y tráfico de influencias”, dijo Biden, en la 20a. Conferencia anual de CAF, Banco de Desarrollo, en Washington.

El combate a la corrupción y la “investigación y enjuiciamiento de funcionarios públicos presuntamente creíbles a ser corruptos” es una de las 16 condiciones que ha puesto el Congreso de los Estados Unidos para desembolsar el 50 % de los fondos de la Alianza para la Prosperidad.

Esa condición la deben cumplir, de manera individual, los países del Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras– que trabajan en el Plan de la Alianza para la Prosperidad, para el cual, los gobiernos aportan dineros de sus presupuestos y Estados Unidos aportará $750 millones durante el año 2016.

La Ley de Asignaciones del año 2016, aprobada por el Congreso estadounidense el 18 de diciembre de 2015, indica que el 25 % de los fondos serán obligatorios después que la “Secretaría de Estado certifique e informe a los comités del Congreso que tales gobiernos están tomando medidas eficaces para: “informar a ciudadanos de los peligros de viajar a la frontera suroeste de los EE.UU, combatir el tráfico humano, mejorar la seguridad fronteriza y cooperar para el regreso de los inmigrantes ilegales no refugiados”.

El decreto detalla que un 50 % adicional de los fondos requiere que la Secretaría de Estado certifique a esos comités del Congreso que el gobierno toma “medidas eficaces para” en otras 12 áreas: investigar y enjuiciar funcionarios señalados de corrupción, mejorar y fortalecer instituciones del área judicial y Fiscalía General, contrarrestar bandas criminales, narcotráfico y crimen organizado; cooperar con comisiones contra la impunidad; investigar y enjuiciar a militares y policías por violaciones a derechos humanos; plan para reducir el papel de militares en políticas internas; y proteger derechos de los partidos opositores, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas para que puedan operar sin interferencia. A ello se suma combatir la pobreza, empleos, crecimiento económico equitativo, reformas a los impuestos, fortalecimiento a organismos aduaneros, y resolución de disputas comerciales.

La “lucha contra la corrupción” es así el nuevo “Caballo de Troya” de los Estados Unidos en la región, y ya tiene a Guatemala como el laboratorio privilegiado de las tácticas y estrategias que se pretenden utilizar en otros países latinoamericanos.

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