LA PAZ, UNA PROMESA AUN LEJANA.

16036924El 29 de diciembre de 1996, el gobierno y la guerrilla suscribieron, entre otros, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el de Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el enfrentamiento armado, Identidad de los Pueblos Indígenas, el de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, y el Fortalecimiento del Poder Civil.

El Gobierno del presidente Jimmy Morales, quien asumió el poder el 14 de enero pasado para un periodo de cuatro años, anunció su decisión de retomar el espíritu de los Acuerdos de Paz y darles seguimiento a partir de una nueva agenda para cerrar las brechas sociales y generar el desarrollo económico e incluyente en Guatemala.

Sin embargo, hasta la fecha, solo ha sido una promesa.

En este marco, una de las deudas que más resaltan es la falta de resarcimiento a las víctimas del conflicto, pues son pocas las familias que han recibido una “reparación”, que aun así no es integral, como lo exige la Comisión del Esclarecimiento Histórico  (CEH) .

Durante los 13 años de vigencia del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) sólo se han atendido alrededor de 16 mil solicitudes de pequeñas compensaciones económicas. En la actualidad, el PNR enfrenta una crisis por su bajo presupuesto y la poca capacidad de ejecución: de los 300 millones de quetzales  (40 millones de dólares) que debería recibir anualmente, la asignación apenas alcanza los 25 millones de quetzales  (3,3 millones de dólares).

Tampoco se ha cumplido con la integración de una comisión para la búsqueda de los 45 mil desaparecidos, de ellos 3 mil niños, a pesar de que la iniciativa se presentó en el Congreso hace años.

Asimismo, se mantiene la situación de pobreza, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas que fueron, entre otras, las causas que originaron la guerra en 1960.

En este marco, las víctimas reclaman al Estado promover “reformas profundas”  para combatir la pobreza en la que vive más de la mitad de los 16 millones de habitantes de Guatemala, el racismo y la discriminación.

Los pueblos indígenas y las mujeres enfrentan muchos obstáculos para acceder a la Justicia, la cual es “lenta”  y “difícil”  de entender para muchas de las víctimas que ni siquiera saben leer y escribir.

Los temas centrales de aquel conflicto, el acceso a la tierra, vivienda digna y medios de producción, siguen sin ser atendidos para las poblaciones desarraigadas que viven en precariedad y que también tiene problemas para gestionar una reparación ante el PNR.

El balance, 20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, es negativo para las víctimas que consideran que el Estado “no ha mostrado suficiente voluntad política ni capacidad para cumplir con los compromisos contraídos”, así como para proteger sus derechos y los de los sobrevivientes, según el Consejo y la Red Nacional de Víctimas.

EL CANCILLER “VIAJERO” CON LOS DINEROS PÚBLICOS

f4bfafb1-eccb-412e-9e72-664d08a7f1e3_749_499Carlos Raúl Morales fue designado Canciller en 2015 por Otto Pérez Molina, y fue uno de los funcionarios más importantes que consiguió permanecer en su cargo pese a la “renovación” que entrañaba el triunfo de Jimmy Morales.

Y, por cierto, en el tránsito de un gobierno a otro conservó todos sus vicios y conductas propias de la vieja política.

En 2015, el Canciller obtuvo casi 2 millones de quetzales en viáticos por viajar casi 6 meses por el mundo mientras el país atravesaba una profunda crisis política, social y económica.

En este 2016, el funcionario continuó con su afición viajera, y paseó al Presidente fuera del país en momentos cruciales con el dinero del pueblo, consiguiéndole –al igual que lo hizo con Beldetti- condecoraciones y doctorados honoris causa.

Además, es conocida su postura anti-CICIG, llegando incluso en su momento a denunciar ante la Unión Europea –en defensa de Pérez Molina y Beldetti- que las masivas manifestaciones ciudadanas de 2015 eran parte de una conspiración golpista.

El Canciller apañó además a varios diplomáticos que firmaron en 2009 con el entonces canciller Rodas una licitación irregular de Q24 millones, multados por la contraloría. En 2015 los nombró embajador en Belice (Eduardo Roldán) y Cónsul en Miami (Rosa María Mérida).

El despilfarro en su cartera es y ha sido total, pese a que el Ministro se niega a entregar los datos financieros de su gestión. Apertura de nuevas embajadas innecesarias para los intereses nacionales, contratos millonarios con ex diputados, compras de pasajes aéreos con sobreprecios, y diplomáticos nombrados por Beldetti que siguen en sus cargos.

Sin embargo, pese a su conocida militancia anti-CICIG, es un ferviente colaborador de la causa gringa. Hace muy poco dijo a los diputados que los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos son su segunda prioridad pues la primera es detener la migración, para complacer el plan de Washington.”

¿Y LOS FONDOS?

trianguro-eeuu_680x320_acf_croppedEl desembolso de los $750 millones que el Congreso estadounidense había aprobado para el Triángulo Norte se ha demorado, porque la región no ha cumplido con todos los criterios necesarios para ser acreedora del millonario apoyo, dijo esta semana en conferencia de prensa el subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Juan Sebastián González.

Estos “criterios” con los que el Congreso justifica el uso de fondos estadounidenses en otros países incluyen, según González, 16 puntos en total. Cuatro corresponden al “ámbito migratorio y 12 en áreas de derechos humanos, corrupción y creación de un grupo independiente para evaluar el progreso del plan (Alianza para la Prosperidad).

Si bien el funcionario estadounidense se negó a decir que son “condicionantes”, reconoció que ello ha demorado el desembolso de los fondos”, dijo González. Matizó con que “es algo que estamos trabajando con el Gobierno estadounidense para conseguir las aprobaciones finales”.

A pesar de estos retrasos, el funcionario, que representa al Departamento de Estado de Estados Unidos, recalcó que se siente “muy confiado de que al inicio del próximo año” los $750 millones van a ser liberados y le darán “una herramienta” a la próxima administración.

El Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica se viene trabajando desde 2014, cuando surgió la emergencia humanitaria por el súbito incremente de la migración irregular de menores no acompañados. El presidente Barack Obama designó a Biden para supervisarlo.

Lo cierto es que pese a que las autoridades de Guatemala se han esforzado por mostrarse como el “alumno ejemplar” para el país del norte, permitiendo una clara injerencia en los asuntos internos a través de la CICIG, los fondos aun no aparecen y la próxima asunción de Donald Trump abre serios interrogantes no sólo sobre la relación bilateral sino también sobre las potenciales consecuencias de un endurecimiento de las políticas migratorias.

 

ACNUR CALIFICA DE SEVERA LA CRISIS MIGRATORIA EN CENTROAMERICA.

8b2947ae-18ab-468b-8038-4f7f87ed3629_749_499El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha calificado de “severa” la crisis migratoria que se vive en Centroamérica, debido al incremento de migrantes y solicitantes de asilo que salen, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, hacia Estados Unidos.

La directora de ACNUR para las Américas, Renata Dubini, ha subrayado la gravedad de la situación, sobre todo en zonas con mayor presencia del crimen organizado.

Aprovechando el paso del alto comisionado, George Okoth-Obbo, por México, Dubini ha señalado que cada año pasan cerca de 450.000 personas por este país para llegar a suelo estadounidense, haciendo hincapié en que muchos de ellos son adolescentes que viajan solos, aunque cada vez se ven más familias.

Según las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), unas 7.000 personas han solicitado asilo en el país este año, casi el doble de las solicitudes que recibió en todo 2015, principalmente de personas procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Asimismo, Dubini ha afirmado que ACNUR no descarta que la cifra de personas que buscan protección en México pueda aumentar dados los cambios políticos que se esperan en Estados Unidos, donde el próximo mes de enero asumirá el poder el republicano Donald Trump.

“Es una situación bastante delicada. Como resultado de esto, el número de solicitantes de asilo en México ha aumentado sensiblemente y estamos ahora prácticamente en un 125 por ciento de aumento respecto al año pasado”, ha concluido.

 

LOS RESPONSABLES DE LA DERROTA

d1ffc98b-a517-48eb-ab3f-4f0a4c74efee_749_499La derrota de las enmiendas y muy probablemente de la reforma constitucional tiene tres claros responsables: el MP, la CICIG y las embajadas que los apoyan.

Un gran coadyuvante al fracaso legislativo fue la intromisión indebida de la fiscal Aldana y el comisionado Velázquez, primero redactando ellos la reforma que se les antojó sobre el sector justicia dentro de la Constitución y, luego, presentándose a la sesión de tercera lectura en el Congreso, en abierta violación al mandato de la CICIG y a la ley orgánica de la MP. En ningún lugar de la Constitución estas entidades están autorizadas ni facultadas para redactar o querer forzar una reforma constitucional.

La pantomima de “diálogo nacional” que hicieron no fue más que eso, pues al final ellos controlaron totalmente la comisión de redacción final de la propuesta.

Nadie puede en buena fe no pedir una mejora al sector justicia, pero lo que se le presentó al Congreso no es una mejora sino una destrucción de la seguridad y la igualdad jurídica de toda la nación.