LA PAZ, UNA PROMESA AUN LEJANA.

16036924El 29 de diciembre de 1996, el gobierno y la guerrilla suscribieron, entre otros, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el de Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el enfrentamiento armado, Identidad de los Pueblos Indígenas, el de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, y el Fortalecimiento del Poder Civil.

El Gobierno del presidente Jimmy Morales, quien asumió el poder el 14 de enero pasado para un periodo de cuatro años, anunció su decisión de retomar el espíritu de los Acuerdos de Paz y darles seguimiento a partir de una nueva agenda para cerrar las brechas sociales y generar el desarrollo económico e incluyente en Guatemala.

Sin embargo, hasta la fecha, solo ha sido una promesa.

En este marco, una de las deudas que más resaltan es la falta de resarcimiento a las víctimas del conflicto, pues son pocas las familias que han recibido una “reparación”, que aun así no es integral, como lo exige la Comisión del Esclarecimiento Histórico  (CEH) .

Durante los 13 años de vigencia del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) sólo se han atendido alrededor de 16 mil solicitudes de pequeñas compensaciones económicas. En la actualidad, el PNR enfrenta una crisis por su bajo presupuesto y la poca capacidad de ejecución: de los 300 millones de quetzales  (40 millones de dólares) que debería recibir anualmente, la asignación apenas alcanza los 25 millones de quetzales  (3,3 millones de dólares).

Tampoco se ha cumplido con la integración de una comisión para la búsqueda de los 45 mil desaparecidos, de ellos 3 mil niños, a pesar de que la iniciativa se presentó en el Congreso hace años.

Asimismo, se mantiene la situación de pobreza, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas que fueron, entre otras, las causas que originaron la guerra en 1960.

En este marco, las víctimas reclaman al Estado promover “reformas profundas”  para combatir la pobreza en la que vive más de la mitad de los 16 millones de habitantes de Guatemala, el racismo y la discriminación.

Los pueblos indígenas y las mujeres enfrentan muchos obstáculos para acceder a la Justicia, la cual es “lenta”  y “difícil”  de entender para muchas de las víctimas que ni siquiera saben leer y escribir.

Los temas centrales de aquel conflicto, el acceso a la tierra, vivienda digna y medios de producción, siguen sin ser atendidos para las poblaciones desarraigadas que viven en precariedad y que también tiene problemas para gestionar una reparación ante el PNR.

El balance, 20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, es negativo para las víctimas que consideran que el Estado “no ha mostrado suficiente voluntad política ni capacidad para cumplir con los compromisos contraídos”, así como para proteger sus derechos y los de los sobrevivientes, según el Consejo y la Red Nacional de Víctimas.

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