Con las políticas migratorias y proteccionistas de Trump no será México el más perjudicado, sino los guatemaltecos y guatemaltecas, si el país no hace algo por el desarrollo.

El plan de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, las deportaciones masivas y las acciones de criminalización migratoria, tendrán un fuerte impacto negativo para Guatemala, concuerdan diversos especialistas.

Sobre todo, a la luz de que desde hace ya bastante tiempo la economía del país centroamericano está sustentada fundamentalmente en las remesas enviadas por los guatemaltecos residentes en suelo norteamericano, que ascendieron a más de 7 mil millones de dólares el año pasado (9,9 por ciento del Producto Interno Bruto)

Las remesas familiares son un rubro de importancia macroeconómica creciente, en magnitudes comparables a las exportaciones y a la inversión extranjera directa que llega a los países centroamericanos.

Pero los efectos perniciosos para la región serían también en comercio exterior y atracción de inversiones, si el nuevo gobierno de Washington modificara el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Frente a estas amenazas, es cada vez más imprescindible adoptar un nuevo modelo económico y fiscal, promover pactos sociales y fiscales tendientes a fortalecer la integración centroamericana; así como ejecutar sistemas económicos y fiscales más democráticos y comprometidos con el desarrollo, el crecimiento económico endógeno y el bienestar social.

 

Las últimas intervenciones públicas del Embajador Todd Robinson ya no sólo se centran en el accionar de los tres poderes del Estado, sino que ahora van más allá de la inadmisible intervención en los asuntos internos del país, para dar “consejos” a los ciudadanos.

En este marco, el embajador instó a la ciudadanía guatemalteca a estar atenta al trabajo de la Comisión Pesquisidora que conoce la solicitud para retirarle el derecho de antejuicio a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.

Además, mencionó que los guatemaltecos deben exigirles a los diputados que su trabajo responda a la transparencia y honestidad que busca la sociedad.

“La sociedad guatemalteca está esperando la decisión de la Comisión Pesquisidora, es importante que la sociedad esté atenta a lo que está pasando en el Congreso y exija que los diputados hagan su trabajo con transparencia y honestidad”, explicó Robinson.

Lamentablemente, el diplomático ya nos tiene acostumbrados a este cinismo.

La ciudadanía guatemalteca, como lo demostró en 2015, no necesita lecciones de democracia y civismo, y mucho menos del Embajador estadounidense.

El Embajador estadounidense ya no se limita a entrometerse en los asuntos internos de Guatemala a través de juicios sobre el accionar de los poderes del Estado, sino que ahora incluso se permite dar consejos a los ciudadanos.

Ante la prensa, Robinson señaló que la impunidad y la corrupción “mata” y debilita a las instituciones, el Estado de Derecho y la democracia.

Y opinó que “los ciudadanos afectados no pueden permitir que esto ocurra sin hacer algo al respecto”.

Las polémicas declaraciones del diplomático fueron pronunciadas en la rueda de prensa en la que se anunció un nuevo aporte económico de US$7.5 millones para la CICIG.

Desde 2008, el gobierno estadounidense aporta anualmente un promedio de USD 5 millones para la entidad, pero este año la cifra se incrementará un 50%, decisión que –según Robinson- responde los resultados positivos que ha logrado en el país en conjunto con el Ministerio Público (MP)

 

La titular del Ministerio Público Thelma Aldana y la CICIG, encabezada por el colombiano Iván Velaz       quez, han enviado a la cárcel al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales por un delito que supuestamente ayudaron a cometer contra el erario público en 2013, por una cifra en sí bastante pequeña, apenas el equivalente a unos 11 mil dólares.

Si bien no ha quedado claro, todavía, hasta qué punto ambos –y otros colaboradores– se han beneficiado por ese acto de corrupción, los familiares del primer mandatario se encuentran en prisión, y la reacción del presidente ante este hecho que conmueve a la opinión pública ha sido sin dudas mesurada, recalcando ante todo la independencia que debe tener la justicia en todas sus actuaciones.

Está claro que en un país con instituciones sólidas nadie puede estar por encima de la ley; los delitos, cualquiera sea su naturaleza, deben ser investigados y llevados ante los tribunales, sin distinción alguna ni odiosos privilegios.

Pero en este caso llama la atención que se haya procedido de este modo, por la poca monta del caso señalado y por la cercanía familiar de los procesados con el presidente.

En este marco, es legítimo preguntarse si el tándem MP-CICIG no ha actuado de este modo para crear una atmósfera política adversa a Jimmy Morales,  buscando forzar una crisis política en el país que acabe por beneficiar a los intereses detrás de la cruzada anticorrupción.

¿Qué se busca al acusar a los parientes del presidente por un asunto de importancia menor, mientras no se actúa frente a otros conocidos casos de corrupción que han empañado a las administraciones anteriores?

El hecho de que ahora la CICIG aparezca involucrada en este juicio suscita, por lo tanto, no pocas suspicacias. Es verdad que es preciso acabar con la extendida corrupción que, lo sabemos, existe en el país. Pero quizás, se piensa, hubiese sido más lógico enfilar las acciones contra otros casos de mayor relevancia y no proceder de este modo, dando tanta importancia a un asunto relativamente menor y de tanto impacto político.

De todas maneras la ciudadanía, tan activa por lo general, sigue atenta a lo que podrá suceder. No se trata de defender a ciertas personas en particular ni de alinearse ciegamente a favor del presidente, por supuesto, sino de impedir que, con el pretexto de hacer justicia, se estén llevando a cabo tortuosos planes políticos que en nada beneficiarían a Guatemala y provocarían, sin duda, una lamentable inestabilidad.

El entrometido Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, rompió su llamativo silencio -tras ser confirmada su permanencia en el cargo- al afirmar que las instituciones de Justicia en el país, muy cuestionadas durante los últimos años, “están funcionando”.

El diplomático respondió así a preguntas de periodistas sobre la captura y acusación contra el hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, acusados de haber ayudado a sustraer fondos del Estado simulando cotizaciones para eventos del sector público.

Antes de participar en un saludo al cuerpo diplomático, actividad celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura con la presencia del propio Morales, Robinson atendió a los medios de comunicación y dijo que “nadie está por encima de la ley” y que todo el mundo debe esclarece su situación legal “en las cortes”.

A esta altura, parece ser que las autoridades guatemaltecas ya se han acostumbrado a las inadmisibles injerencias en los asuntos internos de un país soberano, algo que no sería tolerado en otros países de la región.

Pero lo interesante de estas nuevas, y como siempre cínicas declaraciones del Embajador, es el contraste entre la “celebración” de las detenciones de los familiares del hijo de Morales, y su silencio frente a otros casos escandalosos como las revelaciones del caso Stalling, las mordidas de Odebrecht, y el caso Archila.

Todo ello no hace más que dejar al desnudo que la estrategia del país del norte, ejecutada diligentemente por el tándem CICIG-MP, nada tiene que ver con la legítima búsqueda de justicia después de tanta impunidad, sino con intereses de política exterior.

La asunción de Donald Trump pone en vilo no sólo a los 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, muchos de ellos temerosos del desenlace de sus destinos, sino también a sus familias en Guatemala, que dependen en gran medida de las remesas que llegan del país del norte.

En este contexto, era imperativo que Guatemala tuviera una visión clara y comenzara a definir una política migratoria, no estar jugando a intercambiar estampitas como se reveló en la última sesión del Congreso.

Dentro del paquete de reparto de las comisiones, causa muchísima preocupación la designación de la secretaría del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua).

Asusta ver que la opacidad fue nuevamente la norma en su proceso de elección, ya que de los cinco finalistas, no eligieron a quienes demostraban mayor experiencia en el tema migratorio, que es el único requisito de ley para optar al cargo.

Lo que se presenció esta semana tiene el tufo de las prácticas de la vieja política, de negociaciones descaradas bajo la mesa, y la repartición del poder basada en compadrazgos.

Prevalecen nuevamente los intereses de diputados que burlaron nuestro voto a través del transfuguismo, quienes ven en el Congreso un mercado enriquecimiento personal, mientras nuestros compatriotas en Estados Unidos corren peligro de deportación.

El Presidente Jimmy Morales arrancó su mandato con una aprobación que superaba el 80%, pero cerró su primer año en el poder con apenas un 20%. Una caída sin precedentes durante el período democrático.

¿A qué se debe este desplome en la popularidad del Presidente?

Se debe quizás a la falta de liderazgo, de un plan claro, al encierro comunicacional del primer mandatario, a su carencia de políticas de transparencia y calidad del gasto, a la actitud de su bancada en el Congreso, a la ausencia de iniciativas de consulta y participación ciudadana?

O quizás a la falta de inversión en infraestructura y políticas de desarrollo social, a la falta de una política para mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos, o a la carencia de una política económica con eje en la competitividad, la generación de empleo genuino y el crecimiento.

Seguramente a todo ello. Pero, más aún, a su posición respecto a la corrupción: un tema que le permitió irrumpir en la carrera presidencial en 2015 y llegar al poder.

Sin dudas, el señalamiento a su hijo desdibujó una condición moral del Presidente que se había fortalecido durante la campaña y que hasta entonces estaba intacta.

El 2017 luce complicado para Jimmy Morales, que se enfrentará a una encrucijada decisiva. O bien ejerce el poder por la vía de las alianzas que tejió en el Congreso y la justicia, restituyendo el orden previo a 2015, abrazando definitivamente el statu quo y la vieja política, y asumiendo los riesgos de nuevas protestas ciudadanas. O, por el contrario, recupera el espíritu del clamor ciudadano de las plazas y calles del 2015, rompiendo su incipiente alianza con los actores de la vieja política.

Lo peor, en el marco de este complicado escenario, sería que el Presidente persista en la pasividad e inacción, y que sean otros actores los que lo empujen a optar.