UN EMBAJADOR NON GRATO

trGuatemala se encuentra bajo la dictadura de Iván Velásquez, quien a su vez ha sido instrumento del Departamento de Estado.

Se ha escrito mucho durante los últimos días no sólo sobre la posibilidad sino también la conveniencia de que Jimmy Morales pusiera fin a la labor del comisionado colombiano.

Si bien es cierto que el mandato de la CICIG vence el próximo septiembre, también es cierto que independientemente de ello, el Presidente podría pedir a las Naciones Unidas que quiten al comisionado.

Pero hay otra posibilidad que debería analizarse en esta ecuación, y que serviría para llamar la atención no sólo de altos funcionarios de Washington sino también de la opinión pública norteamericana en relación a cómo se gastan los dólares de la política exterior del gran país del norte.

Nos referimos a la posibilidad de que el Presidente declarase non grato al embajador Todd Robinson.

La regla de oro en el ámbito diplomático es la de “nunca ofender o menospreciar a otros países”, y vaya si Robinson no nos ha ofendido y menospreciado.

Están escritas ya en nuestra Historia aquellas frases del embajador con las que indicó, palabras más, palabras menos, que la soberanía le importa un carajo.

Sin dudas, ya es tiempo, después de 10 años, que la CICIG termine su obscuro papel en Guatemala, y que un Ministerio Público se encargue de la persecución penal plena.

UN DEBATE MUY NECESARIO

UnknownLas declaraciones del Senador Patrick Leahy manifestando su preocupación de que el mandatario Jimmy Morales no renueve el mandato de la CICIG, sumadas a que días antes trascendiera el malestar de un grupo de legisladores republicanos con el financiamiento de iniciativas estadounidenses en la región, tuvo el saludable efecto de hacer público un debate que hasta entonces permanecía velado.

El timing no es casual, habida cuenta de que el próximo mes de septiembre vence el actual mandato de la Comisión actualmente presidida por el colombiano Iván Velázquez, en un contexto político estadounidense muy distinto al de los tiempos de Barack Obama en la Casa Blanca.

No sólo en los Estados Unidos ya no puede hablarse de un apoyo monolítico al accionar de la CICIG en el país, sino que también en Guatemala se alzan algunas voces hasta hace muy poco silenciadas por el escarnio público al que eran sometidos quienes osaran de emitir críticas en este sentido.

No es un secreto a voces el malestar y preocupación que generan no ya las intervenciones mediáticas de la CICIG (siempre en tándem con el MP) sino sus propias actuaciones que progresivamente se han ido deslizando hacia un terreno que excede por mucho las funciones originales reconocidas en los instrumentos que le dieron creación.

Todo ello, teniendo en cuenta además el contexto más amplio, que da cuentas de que tras la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Beldetti, los resultados de la lucha anticorrupción se han hecho sentir más en el plano mediático que en los tribunales de justicia.

Por ello, no puede sorprender a nadie que el propio Presidente Morales advirtió que desde su cargo como mandatario del país está en la potestad de pedir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la remoción del actual jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Sin dudas, un debate muy necesario, que los guatemaltecos tienen que darse con argumentos, a la luz de los resultados concretos, y sin prejuicios de ningún tipo.

LA CICIG EN MODO “SUPERVIVENCIA”

34979773-097f-4f97-bcd3-48cef584398c_749_499Mientras se conoció que el senador demócrata estadounidense Patrick Leahy expresó su preocupación por la posibilidad de que el gobierno guatemalteco le pudiera fin al mandato de la CICIG, grupo de senadores Republicanos le pidió días atrás al secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, una investigación del uso de fondos de los contribuyentes para desestabilizar a varias naciones entre las que, es obvio, se encuentra Guatemala.

En un hecho que pasó desapercibido para la mayoría de los medios de comunicación del país, los legisladores estadounidenses señalaron que es necesario “revisar cómo se están utilizando todos nuestros dólares de impuestos para detener las actividades que están fomentando el malestar político, el irrespeto a la soberanía nacional y la sociedad civil, y en última instancia socavar nuestros intentos de construir relaciones internacionales beneficiosas”.

Aunque sin mencionarla explícitamente, se estaban refiriendo también a la CICIG, manos extranjeras en quien pusieron nuestra soberanía algunos de quienes, como Iván Velásquez, se hicieron millonarios al frente de cargos que por medio de inmunidad diplomática les otorga impunidad.

Hoy, el colombiano Velásquez y su CICIG se encuentran respirando en modo de supervivencia, y saben que para salvarse necesitan –una vez más- de un caso de impacto mediático, que más allá de las pruebas reales, ponga a la Comisión nuevamente al mando.

Frente a ello, se torna cada vez más indispensable fortalecer la institucionalidad, que descansa en el sistema de pesos y contrapesos que define a nuestra débil democracia, que está en la mira destructiva del tándem MP-CICIG, que intentan modificar la Constitución imponiendo la ley del Consejo del Organismo Judicial, de cuyo símil ahora los colombianos tratan de desembarazarse desesperadamente.

ALDANA CONTRADICE AL PRESIDENTE

d1ffc98b-a517-48eb-ab3f-4f0a4c74efee_749_499Después de que fuese anunciado públicamente por el propio Presidente Jimmy Morales, la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, desestimó esta semana la presunta necesidad de recurrir al Buró Federal de Investigaciones (FBI, de Estados Unidos) para esclarecer lo relativo al incendio en el albergue estatal Virgen de la Asunción.

“En este momento no requerimos el apoyo del FBI”, declaró Aldana y agregó que después de la tragedia del 8 de marzo esa cartera de Gobierno contrató a un guatemalteco experto en incendios y si requiriera ampliar en algunos aspectos, procurará los servicios de un perito reconocido internacionalmente.

La titular del Ministerio Público añadió que solicitaron la asesoría técnica de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a través del comisionado Iván Velásquez, algo que el propio primer mandatario había descartado por exceder el marco de sus funciones.

“Es ideal que la Cicig nos acompañe en este drama que vive en Guatemala y que apoye el esfuerzo de los fiscales, quienes han trabajado horas intensas sin descanso”, enfatizó.

No obstante ello, Aldana recibió a una delegación del FBI que visita el país ‘para mantener los fuertes lazos de cooperación interinstitucional’, señaló el MP, en su cuenta en Twitter.

La misión del FBI llegó al territorio luego que el presidente Jimmy Morales anunciara que, pese a confiar en el trabajo del centenar de investigadores de la PNC encargados de las indagaciones, pidió ‘el apoyo de otras instituciones especializadas en incendios porque el país carece de esa especialidad’.

El mandatario afirmó en esa ocasión que no pidió apoyo a la Cicig, porque este tipo de investigaciones quedan fuera de su mandato, aunque múltiples informes previos hablan del eventual funcionamiento de una red de trata de personas en la modalidad de reclutamiento forzoso para explotación sexual en el hogar estatal.

Una vez más la titular del MP no sólo contradice al Presidente sino que excede largamente sus funciones actuando casi como si fuera una dirigente política, y siendo la principal promotora del accionar de la CICIG en el país.ALDANA

GUATEMALA, DE LA CICIG AL FBI.

Apple-fbiEl presidente Jimmy Morales, durante una conferencia de prensa con todos sus ministros y directores de hospitales, detalló la situación de las víctimas del incendio en Hogar Seguro Virgen de la Asunción, e informó que se había solicitado apoyo al Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

“Por medio de la embajada de Estados Unidos se ha hecho la solicitud para que el FBI y otras instituciones especializadas en incendios brinden su apoyo al Estado de Guatemala en el proceso de investigación”, declaró el mandatario.

Morales aseguró que confía en los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, enfatizó que se necesita especialización para recabar indicios en una catástrofe como esta.

Segú el gobierno el apoyo del organismo estadounidense aportaría, además, en la imparcialidad y garantía de las investigaciones del incendio que provocó la muerte de más de 40 menores.

Asimismo, Morales explicó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instaurada por un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas, no participará en las indagaciones, “ya que no está dentro de su mandato”.

Lastimosamente, una vez más, Guatemala busca en el extranjero las respuestas a los desafíos y problemas estructurales que es imprescindible abordar para comenzar a vislumbrar una salida a la profunda crisis por la que viene atravesando desde hace años el país.

EL TANDEM MP-CICIG Y SU INTENTO DE SUPLANTAR LA SOBERANÍA DEL PUEBLO DE GUATEMALA.

34979773-097f-4f97-bcd3-48cef584398c_749_499Una cosa es luchar contra la corrupción y meter presos a los corruptos una vez se cumpla con el debido proceso, y se presenten evidencias científicas y legalmente recabadas, y otra muy distinta es utilizar esa lucha como excusa para otros fines, ya sea políticos, empresariales, o incluso personales

Todo ello ejecutado mediante un derecho paralelo ejercitado por tribunales de fuero especial ilegales e inconstitucionales, y un consejo nacional de justicia que se coloca sobre los tres poderes del Estado, que no tiene un control democrático representativo como si lo tiene el Ejecutivo y el Legislativo, y una supraentidad de consejeros designados al antojo de los jueces y los magistrados de turno, sin el control directo del Congreso y, por ende, del proceso político democrático y del sistema republicano guatemalteco.

Para forzar ambas aberraciones, en forma ilegal e inconstitucional el MP y la CICIG, violando la Constitución y su mandato en el convenio y la ley guatemalteca, se forzaron al proceso político democrático dentro del Congreso para, en una forma anómala, y violando el artículo constitucional, que expresa y taxativamente establece quiénes tienen iniciativa de reforma constitucional, quieren suplantar la soberanía del pueblo de Guatemala y forzar su reforma constitucional donde no hubo consensos.

Esta más que claro que es Estados Unidos quien está detrás de la CICIG. En ese  marco, sería mucho más honesto, más transparente y más sincero que el principal actor político internacional en la seguridad nacional guatemalteca, que es el gobierno de EE. UU., firme y regularice esa relación, y podamos ya en una relación bilateral, de Estado a Estado, recibir colaboración y cooperación en diversas áreas estratégicas.

ROBINSON SE ARROGA EL ROL DE VOCERO DE LA SOCIEDAD GUATEMALTECA

imagesLas  continuas intromisiones del embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, en los asuntos internos de Guatemala ya se han convertido en una triste costumbre, tolerada sumisamente por la gran mayoría de las autoridades del país.

En un contexto marcado por la visita del subsecretario de Estado para el Narcotráfico Internacional, William Brownfield, el Embajador volvió a hacer declaraciones que exceden largamente sus funciones como representante diplomático.

Con el inconmensurable cinismo que lo caracteriza, ésta vez se permitió incluso hablar en nombre y representación de la sociedad guatemalteca.

Así, señaló que “la sociedad guatemalteca espera que sus autoridades continúen trabajando en contra de la corrupción e impunidad”, a la vez de reafirmar que su país acompañará ese proceso.

“La lucha sigue y yo creo que esto es lo que está esperando la sociedad guatemalteca, que sus instituciones funcionen y sus autoridades trabajen en contra de la corrupción, criminalidad, incluida la impunidad”, mencionó.

Robinson destacó el tema al ser consultado sobre posibles investigaciones en los Estados Unidos relacionadas a funcionarios guatemaltecos, luego de que ese país anunciara que solicitará la extradición de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla por delitos relacionados al narcotráfico.

“Vamos a seguir trabajando con el Gobierno de Guatemala, vamos a continuar la lucha contra la corrupción y no voy hablar de casos específicos, pero la lucha sigue”, afirmó.