Una cosa es luchar contra la corrupción y meter presos a los corruptos una vez se cumpla con el debido proceso, y se presenten evidencias científicas y legalmente recabadas, y otra muy distinta es utilizar esa lucha como excusa para otros fines, ya sea políticos, empresariales, o incluso personales

Todo ello ejecutado mediante un derecho paralelo ejercitado por tribunales de fuero especial ilegales e inconstitucionales, y un consejo nacional de justicia que se coloca sobre los tres poderes del Estado, que no tiene un control democrático representativo como si lo tiene el Ejecutivo y el Legislativo, y una supraentidad de consejeros designados al antojo de los jueces y los magistrados de turno, sin el control directo del Congreso y, por ende, del proceso político democrático y del sistema republicano guatemalteco.

Para forzar ambas aberraciones, en forma ilegal e inconstitucional el MP y la CICIG, violando la Constitución y su mandato en el convenio y la ley guatemalteca, se forzaron al proceso político democrático dentro del Congreso para, en una forma anómala, y violando el artículo constitucional, que expresa y taxativamente establece quiénes tienen iniciativa de reforma constitucional, quieren suplantar la soberanía del pueblo de Guatemala y forzar su reforma constitucional donde no hubo consensos.

Esta más que claro que es Estados Unidos quien está detrás de la CICIG. En ese  marco, sería mucho más honesto, más transparente y más sincero que el principal actor político internacional en la seguridad nacional guatemalteca, que es el gobierno de EE. UU., firme y regularice esa relación, y podamos ya en una relación bilateral, de Estado a Estado, recibir colaboración y cooperación en diversas áreas estratégicas.