LA EXTRANJERIZACIÓN Y LA CICIG.

imagesEl país bulle de talentos enfilados hacia múltiples direcciones; también en logros intelectuales, religiosos, artísticos y empresariales. Pero alguno de sus hijos se muestran demasiado prestos a olvidarlos y a enfatizar, en cambio, las múltiples carencias humanas que nos aquejan como en cualquiera otra  sociedad meramente humana.

Esta distorsión últimamente tan reiterada nunca me ha parecido tan descabellada como durante estas últimas décadas, coincidentes más o menos con la promulgación de la Constitución Política vigente desde enero de 1986.

Tras apagarse en este suelo el esplendor único de la cultura maya, siguieron unos seis siglos de abandono, de caos, nuevas invasiones desde el Norte y recurrentes conflictos tribales en una población por demás ya muy disminuida. Y al final, sobrevino la Conquista…

Tres siglos después, por tanto, de la Conquista, una Independencia de papel “ilustrado” se añadió a sus logros.

Hasta la presidencia de Reina Barrios, las influencias culturales y sociales más relevantes para la vida pública guatemalteca les llegaron desde la Ciudad de México, la antigua Capital del Virreinato. Así se repitió muy evidentemente en la Reforma Liberal de 1870.

Pero con la dictadura subsiguiente por veintidós años de Manuel Estrada Cabrera, el polo magnético de la vida pública en Guatemala empezó a desplazarse hacia la ciudad de Washington D. C.

De ahí también esa propensión por demás inexplicable a menospreciar lo propio y exaltar lo ajeno, como se ha evidenciado últimamente con el fenómeno de la CICIG.

Esto hace, adicionalmente, sumamente difícil la cooperación voluntaria para el logro de fines cívicos comunes. En consecuencia, empuja a muchos a creer lo peor en los demás, como lo evidencia esa pasiva aceptación de la culpa de cualquier acusado aunque no hubiera sido jamás llevado a juicio ni vencido como lo manda el debido proceso. Eso, sea dicho de paso, puede ser también una explicación de que por qué tanta de nuestra prensa escrita se haya convertido en nuestros días en peladeros interminables…

Tragedia, bien grave, porque un pueblo mal informado no puede dejar de elegir mal.

El mejor índice para mostrar la correlación numérica entre los guatemaltecos que todavía quieren comportarse como ciudadanos dignos de un Estado soberano y aquellos otros que ya parecen haber abdicado definitivamente a su autonomía personal, se transparenta en las últimas propuestas de “reforma” constitucional en el sector justicia, en teoría deber exclusivo de sus ciudadanos.

Por ejemplo, en 2009 73 mil ciudadanos hicieron uso legítimo de su derecho a proponer al pleno del Congreso unas reformas constitucionales previas a una consulta popular, que según el Artículo 277 de la Constitución habrían de ser conocidas “sin demora”. Ocho años después, esas propuestas siguen olvidadas en las gavetas de la Comisión de Legislación y puntos constitucionales…

En cambio, este año se han presentado, urdidas en secreto bajo la instigación de un colombiano muy ambicioso, y con el apoyo de un embajador norteamericano, y dos de sus pasivos adláteres locales, Thelma Aldana y Jorge de León Duque, y su discusión ha sido en cuestión de días precipitadamente impuesta a los diputados de turno.

Es decir, que el peso correlativo de 73 mil ciudadanos es menor que el de un colombiano que cuenta con el respaldo de un portugués que nunca ha visitado Guatemala y de un norteamericano que lamentablemente todavía se mueve por este suelo.

¿RIESGO DE MUERTE O MANIPULACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA?

d1ffc98b-a517-48eb-ab3f-4f0a4c74efee_749_499Hace unos pocos días se conoció que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos emitió una resolución respaldando la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Un pronunciamiento que fue celebrado por los defensores del tándem MP-CICIG , pero que es necesario interpretar en su justa dimensión.

Al examinarlo con detenimiento, se observa una astuta manipulación de los congresistas por parte de malintencionados lobistas entre quienes seguramente se encuentra el locuaz embajador Todd Robinson.

La parte central del pronunciamiento hace referencia a que, derivado de su trabajo, Thelma Aldana e Iván Velásquez corren el riesgo de perder la vida, ya que constantemente -dice el informe de la Cámara de Representantes- son amenazados de muerte, lo que me recuerda la conveniente desaparición por más de un mes de la fiscal general, inmediatamente después que Juan Carlos Monzón la implicara en el caso conocido como El Bodegón.

A los pocos días, Aldana y el colombiano Velásquez resultaron “descubriendo” un plan para asesinar a la fiscal general, que hizo imperativa su salida del país; una patraña cuya verdadera intención era retirar del ojo de la opinión pública a la fiscal general, para diluir las graves acusaciones de Monzón.

Recientemente, de nuevo, la fiscal resultó descubriendo otro atentado en su contra, afirmando que había varios capturados, pero no por el atentado, sino en relación a otro caso, un trabalenguas que la prensa repitió como cotorra, pero sin pedir explicación alguna al respecto de los supuestos implicados en el complot ni detalles acerca del mismo.

Pese a disparates de tal naturaleza, ni los atemorizados referentes de las diversas expresiones políticas ni la prensa ha ahondado en estas infundadas denuncias, como ocurriría en un país con un periodismo independiente. Así en base a esas mentiras, y en connivencia con un grupo de congresistas estadounidenses, consiguen una resolución salpicada de mala fe por parte de quienes influyeron en la forma de su redacción, vendiéndose fácilmente como lo que no son: personas correctas.

Como evidencia de ello ahí está como evidencia el papel que hoy juega Thelma Aldana, al cubrir con un grueso cuero de impunidad a Mayra Véliz, su segunda de abordo en el Ministerio Público.

Por supuesto que queremos la lucha contra la corrupción, pero no encabezada por corruptos como Thelma Aldana e Iván Velásquez, personajes que le cuentan cuentos a los congresistas en los Estados Unidos.

REFORMA CONSTITUCIONAL: ¿DISCUSIÓN O IMPOSICIÓN?

d1ffc98b-a517-48eb-ab3f-4f0a4c74efee_749_499¿Hay realmente una “discusión” de las reformas constitucionales del sector justicia? O, por el contrario, ¿estamos ante un intento de imposición de las mismas por parte de algunos actores que, por cierto, se vienen extralimitando claramente en sus funciones?

Es indudable que la propuesta de cambios constitucionales es impulsada por Iván Velásquez, Thelma Aldana y Jorge De León. Por cierto, el origen de la propuesta de cambios fue reconocido la semana pasada en el pleno del Congreso por la diputada Nineth Montenegro.

Si Aldana y De León, como ciudadanos quieren presentar una propuesta y logran convencer a cinco mil ciudadanos más, están en todo su derecho de hacerlo, pero aprovecharse de sus cargos para presentar modificaciones a la Constitución es un abuso de poder.

En el caso de Velásquez está claro que se está extralimitando en lo que a su mandato como Comisionado de la CICIG trata.

Sin embargo, lo más trascendente no es quién los presentó, sino qué se pretende cambiar y cuáles son las consecuencias de tales cambios. Por eso considero de vital importancia que estos sean discutidos de manera objetiva, racional y prudente, y no falazmente como ha sido hasta hoy.

“Necesitamos cambios que obliguen a los gobernantes a cumplir con sus funciones primordiales que son asegurar que se respeten los derechos individuales de TODOS”.

Pero… más aún, en la realidad, ¿hay discusión o imposición?

Por lo que hasta la fecha hemos visto, lo que se pretende es forzar los cambios al mejor estilo de Robespierre, que se consideraba incorruptible y, por tanto, creía que todo aquel que se atrevía a discutir sus decisiones era un corrupto.

Las reformas deben ser integrales y coherentes con la realidad, y no un montón de cambios cuyo objetivo sea satisfacer a grupos de presión, fingir ser políticamente correctos y facilitar la corrupción en el largo plazo con la excusa de buscar la transparencia.

QUE TODO CAMBIE, PARA QUE TODO SIGA IGUAL.

Todd-Robinson-embajador-de-los-EEUU-en-Guatemala-7-e1433917757734El embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, aseguró esta semana que el gobierno de Donald Trump seguirá apoyando el plan de la Alianza para la Prosperidad en el triángulo norte de Centroamérica, cuyo objetivo es evitar la migración ilegal a su nación.

“Yo siempre he dicho que la administración (de Donald Trump) iba dar lugar al plan, iban a hacer cambios a su medida, ellos están evaluando esto, pero en general el plan sigue, ellos han dicho que la seguridad es una prioridad”, expresó.

“La verdad es que hemos trabajado en seguridad, en las oportunidades económicas y el progreso de la sociedad, en las necesidades básicas de la sociedad, vamos a seguir trabajando en esto”, añadió Robinson, luego de haber participado en una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura.

Los presidentes Guatemala, El Salvador y Honduras se reunirán el próximo 15 y 16 de junio con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, para dialogar sobre las estrategias de seguridad y desarrollo que están incluidas en el plan Alianza para la Prosperidad.

Al ser consultado sobre las posibles amenazas en contra de la fiscal general, Thelma Aldana, aseguró que pueden ser por el “buen trabajo” que ha realizado en el país junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y otros actores que buscan luchar contra la corrupción e impunidad.

“Yo creo que ella ha sido un factor importante en lo que ha pasado en Guatemala, está trabajando duro, ella ha hecho parte de un buen equipo entre el MP, la CICIG y la comunidad internacional, las amenazas en contra de ella son amenazas en contra de todos, a ella vale la pena protegerla”, señaló.

Añadió que continuará trabajando con los diferentes sectores del país para fortalecer la lucha contra la corrupción.

ESTADOS UNIDOS CONDICIONA NUEVO APOYO A GUATEMALA

trianguro-eeuu_680x320_acf_croppedEl Senado estadounidense aprobó la semana pasada la ley presupuestaria para lo que resta del año fiscal (hasta 30 de septiembre) en el que se incluyeron US$655 millones para Centroamérica, US$95 millones menos respecto de las disposiciones iniciales, que fueron de US$750 millones.

El 75 por ciento de los fondos está sujeto a condiciones relacionadas con la migración, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción; a saber:

  • Prevenir de los riesgos de la migración ilegal. Informar a sus ciudadanos de los riesgos de cruzar de manera ilegal la frontera sureste de los Estados Unidos. Facilitar el regreso, la repatriación y la reinserción de los migrantes indocumentados.
  • Lucha contra las drogas. Combatir el trata de personas y contrabando. Mejorar la seguridad fronteriza incluido prevenir la migración ilegal, el tráfico humano y el contrabando. Además, del tráfico de drogas ilegales y otros estupefacientes.
  • Retirar al Ejército de seguridad ciudadana
    Implementar un plan con objetivos, metas y cronogramas para crear una fuerza policial civil con carácter profesional, retirar al Ejército de las tareas de seguridad ciudadana y que el Departamento de Estado tenga acceso a ese plan.
  • Lucha contra corrupción e independencia del MP. El combate contra la corrupción y procesar actuales y pasados funcionarios presuntamente corruptos. Además, incrementar la capacidad y la independencia del Ministerio Público.
  • Apoyar comisiones contra la impunidad. Cooperar con las comisiones contra la corrupción e impunidad junto con entidades regionales de derechos humanos. También implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia.
  • Implementar reformas fiscales. Incrementar beneficios gubernamentales, incluido la implementación de reformas fiscales y fortalecer las agencias aduaneras. Además, resolver conflictos comerciales.

Queda así en evidencia, una vez más, que todo apoyo del gran país del norte estará condicionado no sólo al mantenimiento de su injerencia política en la “cruzada anticorrupción” (a través del tándem MP-CICIG) sino al avance de medidas contra la migración, una de las prioridades estratégicas de la actual administración estadounidense.

Todo ello, lógicamente, relegando el abordaje de los verdaderos problemas estructurales que aquejan desde hace años al país a un segundo plano.

LA “FORTALEZA” DE ESTADOS UNIDOS EN LA REGIÓN

imagesLos países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), una de las regiones más violentas del mundo, lanzaron el “Plan Fortaleza”, un proyecto interinstitucional que pretende blindar la frontera y luchar contra “el narcotráfico, las pandillas, el lavado de dinero, el contrabando y la trata de personas”.

Así lo informó esta semana el ministro de Gobernación  de Guatemala, Francisco Rivas.

La iniciativa orientada para “crear mecanismos de seguridad” consta de dos fases: “la primera, que ya está en desarrollo, vigila las fronteras con El Salvador y Honduras, y la segunda, que se implementará más adelante, será con México”, explicó Rivas, en una conferencia de prensa.

En la estrategia participan tres mil guatemaltecos entre personal del Ministerio de Defensa y de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de las fuerzas de Tarea Tecún Umán y Chortí, agregó el ministro.

Sin embargo, como es de público conocimiento, quien está detrás del “Plan Fortaleza”, es Estados Unidos, país al que en los últimos años, 8.5% de la población centroamericana ha emigrado, según el informe del Estado de la Región.

A través del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), suministró dos drones y cuatro helicópteros Black Hawk, así como efectivos.

En 2016 el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por su sigla en inglés) interceptó cerca de 46.900 niños no acompañados y más de 70.400 unidades familiares de El Salvador, Guatemala y Honduras en la frontera entre EE.UU. y México.

Lastimosamente, vemos como una vez más, es Estados Unidos quien fija la agenda en la región, siempre basado en sus prioridades estratégicas que nada tienen que ver con los graves problemas estructurales irresueltos, y todo ello frente a la pasividad de la inmensa mayoría de la clase política del país.